Ex entrenador de la Selección Argentina de Taekwondo es imputado por abuso y corrupción de menores

De acuerdo a lo que dejaron trascender fuentes cercanas al expediente, las víctimas serían de entre 12 y 16 años. Los hechos habrían ocurrido entre 2009 y 2018, en distintos escenarios: un motorhome, un gimnasio (ambos de su propiedad) y las habitaciones en las que se alojaban cuando viajaban a competencias.

Filippa presidía la Asociación de Taekwondo llamada Seng Do, organización afiliada a la Federación Metropolitana de Taekwondo, la cual hasta el cierre de esta edición no había realizado ningún comunicado oficial. Por su parte la página de facebook de Seng Do anunció cambió de autoridades, informando que Ramón Gauto y Nélida Díaz asumían como presidente y vice presidente respectivamente.

Por otro lado, quien si dio a conocer su postura institucional, fue la Confederación Argentina de Taekwondo (MNA de Argentina), haciendo uso de su principal red social (facebook) para publicar un mensaje donde resaltan que actuando de oficio, habían determinado desafiliar a Filippa a principios de este año 2019 hasta que la Justicia se expidiera en el caso que lo mantenía acusado de “abuso sexual agravado”.

Comunicado de prohibición sobre Carlos Jorge Filippa

Es de público conocimiento que la CAT intercedió en repetidas ocasiones desde 2012, cuando apenas había asumido esta gestión, pero por diferentes argumentaciones legales el proceso se fue dilatando en el tiempo.

La jueza María Julia Correa, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Falta N° 28 de la ciudad de Buenos Aires, dictó este viernes la prisión preventiva domiciliaria para Carlos Filippa, acusado de abusar de sus alumnos, producir material pornográfico infantil y de distribuirlo.

Así lo había solicitado la fiscal Daniela Dupuy, a cargo de la fiscalía porteña especializada en Delitos Informáticos N°12, quien ordenó la detención del instructor.

Tras la audiencia le colocaron la pulsera electrónica de la Policía de la Ciudad para ser monitoreado y fue trasladado a su domicilio. Allí estará completamente incomunicado y no podrá recibir visitas. Una consigna policial supervisará las 24 horas que no tenga acceso a Internet ni a ningún dispositivo electrónico. Tampoco podrá ver televisión ni hablar por teléfono, y el encargado de llevarle la comida será requisado por personal policial.

“El objetivo de la prisión preventiva es evitar el entorpecimiento de la investigación y el peligro de fuga -sostuvo Dupuy-. Al tratarse del inicio de una investigación, estas restricciones permiten a la Fiscalía continuar aceleradamente la recolección de prueba en vistas del juicio oral”.